Tuesday, March 01, 2016


¿Se acaba el uniforme?

Mitos y realidades sobre la implementación de la Ley de Inclusión


Expertos de Educación 2020 aclaran dudas sobre la Ley de Inclusión y cuentan cómo los colegios públicos, en la práctica, llevan años implementándola.

Este 1 de marzo comienza a regir la Ley de Inclusión, que prohíbe el lucro, el copago y la selección en establecimientos escolares financiados o subvencionados por el Estado, que representan el 93% de la oferta educativa del país. Días antes de su aplicación, surgieron dudas sobre cómo los colegios sancionarán a sus estudiantes, ahora que se impide la expulsión y la suspensión por discriminaciones arbitrarias y se garantiza siempre el derecho a recibir educación.

“¿Se acabó el uniforme?”, “¿ya no se podrá suspender ni expulsar a estudiantes?”, son algunas de las dudas más comunes que Educación 2020 ha recibido en sus redes sociales. Cristián Miquel, asesor legislativo de la fundación, aclara que “la Ley de Inclusión no regula el aspecto físico de los estudiantes ni tampoco impide que existan manuales de convivencia, sino que impide que las sanciones por esas conductas atenten contra el derecho a recibir educación”.

Es decir, si alumnos o alumnas no cumplen con el reglamento en materia de presentación personal, el colegio puede adoptar medidas disciplinarias, pero éstas no pueden ser la suspensión o expulsión. La Ley permite la suspensión y expulsión en situaciones complejas de indisciplina, siempre que estas sanciones se tomen tras un procedimiento objetivo, justo, y que contemple la apelación del estudiante.

Miquel explica que este debate —en torno a la apariencia física de niños, niñas y jóvenes y su coherencia con las normas de los manuales de convivencia— es una buena oportunidad para dialogar sobre el proyecto educativo. “Para que los actores que integran la comunidad educativa opinen y lleguen a acuerdos, contribuyendo a una convivencia más democrática, en especial en un contexto educativo que busca fortalecer la formación ciudadana”.

La Ley en la práctica

En aspectos prácticos, la gran mayoría de los colegios públicos funcionan hace años de acuerdo a la Ley de Inclusión: no seleccionan y no cobran copago. El cambio que trae la Ley es que se suman los colegios particulares subvencionados. Humberto Vaccaro, asesor del Centro de Liderazgo Educativo de Educación 2020, explica cómo se resuelven estos casos en las escuelas públicas.
“En el liceo Claudio Arrau de Carahue, que acompañamos desde 2014, el centro de estudiantes tuvo la idea de un ‘Happy Day’, en el que iban con ropa de calle a cambio de un pago, lo que contribuía tanto a reunir fondos como a permitir un espacio de expresión de identidad. Fue una idea de los jóvenes, que se presentó al equipo directivo y se llegó a un acuerdo”, cuenta.

Vaccaro recalca que hay diversos proyectos educativos y cada uno define el nivel de importancia que le achaca al uniforme escolar. Asimismo, cada familia decide adscribir al proyecto educativo al momento de la matrícula. Independientemente de ello, Vaccaro destaca aquellos en los que las normas de convivencia se acuerdan en conjunto y donde el carácter punitivo —anotaciones al libro o llamadas al apoderado— es reemplazado por instancias de diálogo y de revisión de procesos.
Sobre la selección, el profesional explica que la mayoría de los colegios públicos no discrimina por origen económico o académico, sino que se recibe a cada estudiante que lo requiera, incluso a quienes vienen expulsados de otros establecimientos. Ésa, asegura Vaccaro, es una oportunidad, ya que “en ambientes de aprendizaje heterogéneos, cuando se fomentan esas capacidades distintas de forma inteligente, se puede lograr que los niños se enriquezcan mutuamente y que pongan lo que saben a disposición de sus pares de forma sinérgica”.

¿Qué hacer ante el incumplimiento de la Ley de Inclusión?

La institución que acoge las denuncias es la Superintendencia de Educación. En casos de discriminación, las familias también pueden acogerse a la Ley Zamudio. Sepa aquí cómo denunciar

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