Thursday, October 09, 2014

Indicaciones poco auspiciosas en educación
 
Cabe esperar que la reforma pueda ser modificada sustancialmente en lo que resta de su trámite legislativo.

LA COMISION de Educación de la Cámara de Diputados completó su revisión de la reforma educacional y aprobó una serie de indicaciones que, en lugar de mejorar la propuesta original del Ejecutivo, sembraron nuevas interrogantes respecto al futuro de los colegios particulares subvencionados.

Los parlamentarios perdieron una oportunidad para construir un diagnóstico fidedigno del problema educacional y analizar el proyecto desde una dimensión técnica. Por el contrario, algunas disposiciones aprobadas dejan en evidencia que la mayoría privilegió una visión ideológica e idealizada sobre la relevancia del Estado en la educación, al punto que varios de los artículos de la reforma no hacen más que inviabilizar la presencia de actores particulares en esta actividad.

La prueba más evidente de esta visión sesgada que primó en la comisión dice relación con el artículo que impide el uso de recursos provenientes del aporte fiscal "para fines distintos a los educativos", obligando al futuro administrador del establecimiento a reintegrar los gastos objetados a riesgo de pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Además de instalar un cuestionamiento permanente sobre la administración de los colegios, esta norma se debe traducir en una serie de complejas y subjetivas disposiciones como la "justa remuneración a las personas naturales que ejerzan, de forma permanente y efectiva, funciones de administración superior en la entidad sostenedora" o un mecanismo de reajuste que, según lo informado, difícilmente convivirá con los costos variables que conlleva el manejo de un colegio. Pero nada de esto sorprende. El análisis de buena parte de las indicaciones revela un profundo desconocimiento del funcionamiento del sector particular subvencionado. No se entiende de otra manera, por ejemplo, que los plazos de arriendo y comodato que el gobierno planteó como alternativa a la polémica propuesta original de comprar los establecimientos, sean tan extensos como las expectativas de vida laboral activa de buena parte de los sostenedores. Considerando que la edad media de los sostenedores es de 60 años y que la mayoría son propietarios de un único colegio, los 20 años de plazo que fija el proyecto les supone inmovilizar su patrimonio hasta sus 80 años.


Pero no es todo: límites a la selección, impedimentos para la cancelación de matrícula, congelamiento del financiamiento compartido, obligación de traspasar la propiedad del establecimiento a una sociedad sin fines de lucro, bajo valor de compra por parte del Estado e inhabilidades para los sostenedores, conforman un conjunto de indicaciones que harían inviable la subsistencia de esta alternativa de educación.

No es fácil comprender los motivos. Por cierto que se han conocido casos de establecimientos subvencionados particulares que vulneraron normas o no fueron capaces de responder a exigencias mínimas de educación -es llamativo que los problemas de los colegios públicos parecen no estar en la discusión en todo caso-, pero la preferencia de los padres y apoderados por colegios privados con aporte fiscal, incluso con copago, por sobre la oferta pública, no hace más que demostrar el valor que la sociedad les asigna.

Los siguientes pasos en el trámite legislativo de la reforma constituyen la última esperanza de que se reviertan los perjuicios que, previsiblemente, causarían sus contenidos, mediante un diálogo con altura de miras que permita detectar las verdaderas urgencias y evitar errores que pueden costar muy caro para el futuro del país.

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