Saturday, September 13, 2014


10 lugares comunes falsos sobre la educación chilena


Introducción: La angustia del privilegiado.
Autor de la Serie de 1 a 10: Fernando Atria

El articulista sostiene que el peor defecto del sistema educativo chileno es que le permite al privilegiado mantener su situación de generación en generación. Dice Atria: "Para el que tiene privilegio, el sistema educacional chileno es el mejor mundo posible… En efecto, la ley se pone enteramente a disposición de los ricos para que éstos puedan usar toda su riqueza de manera de garantizar que la situación de la que gozan hoy podrá ser traspasada a sus hijos." Argumenta también contra los centros de estudio y los especialistas que desarrollan argumentos para ocultar esta situación y construir los lugares comunes que se revisan a continuación.

Para el que tiene privilegio, el sistema educacional chileno es el mejor mundo posible. Por supuesto, se podría imaginar uno todavía mejor, que le garantizara legalmente el derecho a mantener sus privilegios a través de las generaciones. Pero eso (tener una clase nobiliaria y voto censitario, etc) es claramente imposible. Y en rigor innecesario: el sistema chileno es casi perfecto para asegurarle al que tiene privilegio que lo mantendrá.

En efecto, en Chile la ley se pone enteramente a disposición de los ricos para que éstos puedan usar toda su riqueza de manera de garantizar que la situación de la que gozan hoy podrá ser traspasada a sus hijos. Es importante aquí hablar con precisión. No tiene nada de raro, y ocurre en todas partes, que el privilegio encuentre muchas maneras ocultas o evidentes de reproducirse. Que en Chile el privilegiado pueda transmitir su ventajosa situación no es lo que hace de nuestro sistema educacional un escándalo grosero. Lo que sí es escandaloso, en lo que a educación se refiere, es que la ley no hace siquiera el intento de limitar la medida en que el privilegiado puede usar su privilegio para privilegiar a su descendencia. Así el que quiere y puede gastar mil en la educación de sus hijos puede hacerlo sin problemas, y su hijo recibirá una educación de mil, junto a otros niños cuyos padres quieren y pueden gastar lo mismo; el que puede gastar 100, gastará 100 de modo que su hijo recibirá, junto a otros cuyos padres pueden gastar 100, educación de 100; el que puede gastar 10 comprará educación de 10, y el que no puede gastar nada irá a la educación municipal, donde se encontrará con otros que no pueden pagar nada.

Y aquí empieza lo bueno. Cuando la educación termine, sus egresados deberán competir entre sí para repartirse los puestos de trabajo a los cuales están vinculados la influencia, el poder y el dinero. El premio se lo lleva (al menos en teoría, porque esto ya contiene una cierta idealización) el que gana la competencia. Pero en esa competencia a un lado está el que ha estado pagando 1000 por su educación y al otro lado el que no recibió nada más que lo que podía ser provisto con la subvención estatal.

No es una competencia justa: sin embargo el privilegiado, cuando gana, dirá que ganó porque lo hizo mejor que otros, de modo que la queja del que quedó en una posición rezagada es fruto de la envidia y una demostración del "chaqueteo", una enfermedad "típica chilena". Dirá que el que se queja es un "resentido" (de hecho, el mismo lenguaje en que están escritas estas líneas es habitualmente acusado de resentimiento o de incitar a la "lucha de clases": hoy es aceptable en público hablar de "pobres" pero no de "ricos". Y eso, nótese, en un país que en el concierto mundial se destaca notoriamente por su desigual distribución del ingreso).

Pero cuando el exitoso esté solo, le resultará difícil ignorar el reclamo al que Los Prisioneros dieron una expresión tan certera:


Nos dijeron cuando chicos
Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar
Oían los consejos los ojos en el profesor
Había tanto sol sobre las cabezas
Y no fue tal verdad porque esos juegos al final
Terminaron para otros con laureles y futuros
Y dejaron a mis amigos pateando piedras

Aunque en público califique esta canción como el ejemplo del "resentido", no podrá dejar de ver, ante sí mismo, que algo hay ahí que debe ser atendido.
Dicho de otro modo, ser privilegiado, particularmente en un país como Chile, es vivir con la angustia de saber que las posibilidades de vida de uno se construyen mediante la negación de esas posibilidades a otros. Cuando la alienación del privilegiado sea total, se encogerá de hombros y será auténticamente indiferente frente a eso. Pero afortunadamente no hemos llegado todavía a ese punto, por lo que todavía podemos mantener alguna dosis de optimismo (esta es la única buena noticia contenida aquí). El privilegiado necesita aliviar su angustia, porque no es fácil saber que la vida que uno lleva se construye sobre la negación de las posibilidades de vida de otros. No es fácil vivir sabiéndose beneficiario de una flagrante injusticia.


Por supuesto la solución para eso sería que el privilegiado luchara contra el sistema que facilita la transmisión del privilegio: pero claro, esto lo obligaría a renunciar al mejor de los mundos posibles, lo que tendría (para él) un costo alto. Es mejor seguir viviendo en el mejor de los mundos posibles, pero tener una respuesta para negar que uno es beneficiario de una flagrante injusticia. El privilegiado, para aliviar su angustia, necesita que lo convenzan de que no es verdad que él es beneficiario de la injusticia, sino al revés: en realidad su privilegio es una carga, y el que carece de privilegio en realidad es el auténtico privilegiado.

Lo que muestra que la referencia a la angustia del privilegiado no es pura imaginación, es la enorme cantidad de recursos económicos y humanos, expresados en centros de estudios, universidades y "think-tanks"; estudios, publicaciones y encuestas; becas, columnas de opinión y grados académicos, que se invierten en el esfuerzo de dar vuelta las cosas de este modo. Esos centros de estudios tienen académicos altamente capacitados que se dedican a jornada completa a buscar maneras de mostrarle al privilegiado que el modelo de desarrollo chileno en general y el sistema educacional en particular están construidos de modo de mejorar todo lo que sea posible al que está peor situado; que el sistema chileno está diseñado para maximizar la libertad de todos, no sólo de los ricos; que el hecho de que el que tiene 1000 pueda gastar 1000 en la educación de sus hijos no es una manera de comprar una ventaja, sino la carga de tener que financiar la educación de sus hijos, porque si no la pagara de su bolsillo tendría que recibir recursos del Estado y eso es "regresivo". Es el otro, el que asiste a una escuela municipal, el que recibe el beneficio de una educación "gratuita".

Todas estas observaciones no sólo son falsas, sino evidentemente falsas; pero lo que le prometen al privilegiado es algo demasiado valioso, y por eso cuando cualquiera de ellas aparece, es elevada a la categoría de verdad indiscutible. Quienes las formulan y publicitan son entonces celebrados por quienes tienen poder e influencia, y se transforman en los "expertos" prestigiados, cuya opinión es siempre atendida por los "líderes de opinión", que son llamados a ocupar las comisiones presidenciales e invitados a reuniones de alto perfil y entonces son nombrados en centros de estudios con presupuestos asegurados lo que les garantiza la relevancia y el éxito académico. Observando esto, quienes comienzan sus carreras los miran como modelos a seguir por lo que deben empezar a hablar en los mismos términos, y a distinguir del mismo modo lo que es "realista" de lo "utópico", lo que "la evidencia empírica sugiere" de lo que es "ideología". De ese modo se construyen los lugares comunes que revisaremos en lo que sigue.

Su resultado es sorprendente: un conjunto de falsedades cuya función es convencer al privilegiado que su privilegio es una carga, y convencer al que carece de privilegio de que el modelo actual es el mejor de los mundos posibles para él. Es tan funcional al interés del privilegiado que pareciera ser el resultado de una conspiración de los ricos. Pero pese a las apariencias, la hipótesis de una tal conspiración es innecesaria. Se trata de un proceso que se desarrolla espontáneamente, sin que nadie lo planifique o prevea. Es la gramática del autoengaño: para que haya autoengaño es necesario que yo no sepa que estoy engañado.
N° 1: "Hoy las familias tienen la libertad de elegir la educación que recibirán sus hijos"

 
Atria sostiene que en el actual sistema, "la libertad no es para los padres, sino para los establecimientos educacionales, que siempre pueden aceptar o rechazar una postulación a través de distintos mecanismos". Agrega: "las familias no eligen un proyecto educativo, sino un criterio de exclusión".

FALSO. Este lugar común pretende mostrar que el sistema educacional chileno implica libertad para todos, por lo que su mantención va en el interés de todos. Pero no es cierto que bajo el sistema actualmente existente los padres sean libres de elegir. Que lo sean significa que la educación que sus hijos recibirán depende de ellos, del modo en que ellos crean que es mejor educarse. Pero en realidad para que los hijos de uno reciban una determinada educación no basta que uno elija el establecimiento respectivo, es necesario que sea aceptado por este, es decir es necesario satisfacer las condiciones que el establecimiento unilateralmente fija. Por consiguiente la libertad no es para los padres, sino para los establecimientos educacionales, que siempre pueden aceptar o rechazar una postulación a través de distintos mecanismos, donde el precio es el más común, y la entrevista personal para determinar si la familia "es compatible" con el proyecto educativo, uno de los más grotescos. Esto lo saben incluso los que pertenecen al pequeño grupo de chilenos que accede a la educación particular pagada, para quienes el proceso de elegir un establecimiento y obtener la aceptación de éste no es un proceso marcado por el ejercicio de una libertad de elegir, sino por la angustia de no saber si uno va a ser elegido o no.

Lo cierto es que hoy en Chile la única decisión que toman los padres es con quién NO se educan sus hijos. Cuando una familia paga 10 mil pesos como financiamiento compartido en un establecimiento particular subvencionado la función principal de esos 10 mil pesos es asegurar que todos los compañeros de sus hijos provendrán de familias que puedan al menos pagar 10 mil pesos. Por eso las familias pagan aun cuando su dinero no se traduzca en resultados medibles: esos resultados no importan, lo que importa es el ambiente social del establecimiento.

Así, las familias no eligen un proyecto educativo, sino un criterio de exclusión. La ley no me da libertad de elegir, lo que me da libertad de elegir es mi dinero. Si tengo poco dinero tengo poca libertad y si tengo mucho dinero tengo mucha libertad.

Mirado así es bastante claro quién acude a la educación municipalizada gratuita de hoy: los que no son elegidos por nadie, ni pueden elegir con quien no estar. Tras la estricta segregación por clase, en la educación pública de establecimientos no "emblemáticos" queda el gueto de los que no tienen recursos para elegir, porque no satisfacen criterio alguno de selección. Los liceos de excelencia hacen el descreme final, sacan lo último "utilizable", que son los jóvenes pobres de buenos rendimientos. Tras eso, en la educación pública, donde va el 37 por ciento de los alumnos chilenos, no queda nada que al mercado le interese. Ellos no están ahí porque, en ejercicio de su libertad, hayan decidido que ésa es la educación que quieren. Para ellos no hay libertad.
Nº 2: "Es injusto que el Estado financie la educación de todos"
El articulista sostiene que la idea de que los ricos se paguen su educación mientras el Estado se encarga de la educación de los pobres, beneficia únicamente a los privilegiados, pues les permite comprar la mejor educación disponible en el sistema mientras que deja a los pobres en la marginalidad. "Lo notable es que ese razonamiento, que se presenta como una defensa de la equidad", dice Atria.

FALSO. Este es uno de los lugares comunes más usados y seguramente los lectores lo han oído en alguna sobremesa cuando se conversa sobre la posibilidad de establecer en Chile un sistema de educación financiada por el Estado para todos los estudiantes. El argumento se suele expresar así: "Sería una frescura que el Estado (o sea, todos los chilenos) financiara la educación de los más ricos. Lo que se debe hacer es que los que pueden pagar lo hagan y que el Estado se encargue de los más pobres".

Lo notable es que ese razonamiento, que se presenta como una defensa de la equidad e incluso como una crítica al intento por favorecer a los ricos, en realidad lo que hace es consagrar un sistema altamente desigual. ¿Cómo ocurre esto? Veamos.

Se dice que una política es "regresiva" cuando redistribuye el ingreso hacia los más ricos, es decir, cuando en virtud de esa política la brecha entre ricos y pobres aumenta. Su opuesto es una política "progresiva", que logra disminuir esa brecha.

Para saber si una política es progresiva o regresiva, en consecuencia, es necesario mirar no sólo cómo se gastan los recursos fiscales, sino también la forma en que se recaudan. El modo normal de financiamiento del gasto público son los impuestos. La lógica nos indica que si los impuestos los pagan desproporcionadamente los ricos, por ejemplo si el rico paga 100 y el pobre paga 10, será progresiva una política que dé 55 a cada uno, pues ha acortado la brecha entre ambos.

El lugar común que estamos analizando descansa, absurdamente, en la idea de que sólo mirando el gasto es posible saber si una política es o no regresiva. Es decir, nos hace creer que todo estará bien mientras ni un peso del Fisco vaya a la educación de los más privilegiados.

Pero lo que ocurre no está bien. Pues cuando se afirma que es regresivo que el Fisco pague la educación de los ricos, lo que en realidad se está diciendo es que la educación se distribuirá de dos maneras: a los ricos el Estado les negará cualquier financiamiento, ya que pueden pagar la educación de su propio bolsillo; y el resto de la población recibirá financiamiento (en los establecimientos particulares subvencionados) o una educación gratuita, en el sistema municipalizado. Y lo que ocurre es que los más pobres solo reciben la subvención del Estado, o sea, el mínimo. Y a medida que se sube en la escala de ingresos, las familias van haciendo el aporte que pueden, sumándole recursos a la subvención, hasta llegar a los que no necesitan esa subvención porque pueden desembolsar mucho dinero propio. De ese modo, sobre el piso constituido por la subvención, el que puede pagar un adicional de 10 se educará en un establecimiento con otros que pueden pagar un adicional de 10 y el que puede pagar 1.000 adicionales se educará con otros que pueden pagar 1.000. En otras palabras, el sistema tenderá a segregarse de modo riguroso por ingreso. Y, como vimos en la introducción, cuando llegue el momento de competir en el mercado, el que recibió educación de 1.000 probablemente ganará y el que recibió educación de 10, probablemente perderá. Y cuando el que quedó abajo en la repartición de puestos en el mercado se pregunte por qué el otro quedó arriba, la respuesta será que eso era necesario para no tener un sistema de educación "regresivo".

Este es el caso más obvio de inversión grosera: lo que es el beneficio principal del rico (un sistema que le permite sin límites usar toda su riqueza para dar ventajas a su hijo) ¡se presenta como si fuera una carga del rico y un beneficio para el pobre!
N° 3: "No hay nada malo en que los que tienen recursos los usen en mejorar la educación de sus hijos"

 
El columnista sostiene que es evidente que las familias harán siempre lo mejor posible por sus hijos. Sin embargo la ley no puede asumir esa perspectiva. Afirma Atria: "La ley ha de mirar a los intereses de todos. Por eso en la discusión pública lo que debe preocuparnos es ampliar tanto como sea posible la libertad de todos. Para eso la primera regla es que nadie puede pretender para sí una libertad que niega al resto. Sin embargo, eso es precisamente lo que hace la ley en Chile: da a cada uno la libertad que puede comprar. Y así la libertad que entrega es groseramente desigual".

A diferencia de los demás lugares comunes que discutiremos en esta serie, este no es enteramente falso. Su primera parte, de hecho, es verdadera. Es por eso que nada de lo dicho hasta ahora ni de lo que se dirá en lo que sigue implica un reproche sobre el "egoísmo" de los padres. Los padres tienen con sus hijos un deber especial, uno que no tienen con las demás personas. Por eso es razonable que busquen la mejor educación para sus hijos. De modo que la falsedad de este lugar común no está en su primera parte.

Como sostuvo un comentarista crítico de la primera entrega de esta serie, "ningún padre está tranquilo si su hijo se relaciona con jóvenes que tienen problemas de drogas u otros vicios que son muy generalizados". Indudable. Desde el punto de vista de los padres, lo que ellos quieren es separar a sus hijos de estudiantes que tengan esos "problemas". Y por supuesto la lista puede seguir (y lo hago sin ironía alguna): por las mismas razones, los padres preferirán que los compañeros de sus hijos no tengan problemas de violencia doméstica, y que sus casas no queden en barrios peligrosos, etc.

Esa es la óptica de los padres, parcial a los intereses de sus hijos. Pero por lo mismo esa no puede ser la óptica desde la cual pensemos el sistema educacional, porque después de todo los niños o jóvenes que tienen "problemas de droga u otros vicios", aquellos cuyas familias son espacios de violencia, y que viven en barrios peligrosos (etc), también tienen derecho a la educación. Y tienen el mismo derecho a la educación que los demás, porque somos todos igualmente ciudadanos. Pero dadas sus condiciones ellos son perjudicados por las elecciones de los demás en un aspecto muy concreto: nadie quiere educarse con ellos, por lo que ellos sólo podrán educarse con otros que tengan similares características. Este es el punto decisivo: si la perspectiva (parcial) de los padres es la que domina el sistema educacional, el resultado será lo que tenemos hoy: un sistema segregado por arriba y por abajo.

En efecto, cada establecimiento tenderá a acomodarse a los deseos de los padres que constituyan su "target" de mercado, y para eso pondrá condiciones que le asegurarán a quien asista a él que no se encontrará con otros que estén en peores condiciones. De modo que cada uno terminará en el establecimiento donde se junten otros como él. Mis hijos no se juntarán con estudiantes que estén "peor" que ellos (porque ellos no podrán satisfacer el criterio de selección del establecimiento), ni tampoco con otros que estén "mejor" (porque ellos irán a establecimientos con criterios de selección que mis hijos no podrán satisfacer).

Claro, "mejor" y "peor" son conceptos vagos y que varían de persona en persona, pero para eso el mercado es sorprendentemente efectivo: espontáneamente, la oferta educativa se diferenciará todo lo que tenga que diferenciarse para acomodarse a esos criterios. Desde el punto de vista de los padres, lo que vemos es a cada uno eligiendo lo que es mejor para sus hijos. Pero el resultado que se produce por agregación de esas decisiones, cada una de las cuales parece (y normalmente será) inocente y bienintencionada, es un sistema rigurosamente segregado, en el cual la libertad estará estrechamente correlacionada con la clase.

El sistema educacional chileno, que protege la libertad de los establecimientos a excluir y no la de los padres a elegir, pone la óptica parcial de los padres en contradicción con la óptica imparcial del ciudadano. Como padre, preocupado especialmente por el bienestar de mis hijos, buscaré el establecimiento que me ofrezca las mejores condiciones para su educación, lo que evidentemente implica separarlos de quienes tengan "problemas de droga y otros vicios" (etc). Exigir de los padres que sean imparciales, que se preocupen del interés de sus hijos tanto como del interés de otros niños o jóvenes, es no entender qué significa ser padres.

Esa imparcialidad es la que debe asumir la ley, que ha de mirar a los intereses de todos. Por eso, en la discusión pública lo que ha de preocuparnos es ampliar tanto como sea posible la libertad de todos. Para eso, la primera regla es obvia. En efecto, nadie puede pretender para sí una libertad que niega al resto. Pero eso es precisamente lo que hace la ley en Chile: da a cada uno la libertad que puede comprar. Como la ley no pone límites al modo en el que los padres pueden hacer avanzar los intereses de sus hijos, la libertad que entrega es, como vimos, groseramente desigual.

La objeción, entonces, no es que los padres hagan lo que puedan para beneficiar a sus hijos. Eso es lo que significa ser padre o madre de alguien, que uno tiene un deber especial con sus hijos. La objeción es a un sistema que permite a los padres mejorar la situación de sus hijos incluso cuando eso limita las posibilidades de los demás de hacerlo. El reclamo, entonces, no es un reclamo basado en la envidia, en el sufrimiento que a uno le causa el solo hecho de que a otro le vaya mejor, sino basado en el reclamo básico del ciudadano: que la ley sea imparcial respecto de los intereses de todos, que desde el punto de vista de la ley la libertad de uno sea tan importante como la libertad del otro.
Nº 4: "Cuando un colegio selecciona está premiando a los que más se esfuerzan"

Fernando Atria sostiene en esta columna lo injusto que es ofrecer educación de calidad sólo a los alumnos más destacados. Tan injusto como entregársela solo a los alumnos cuyas familias tienen más ingresos. Afirma: "Basta conocer un poco sobre la educación chilena para saber que los rendimientos que alcanza un estudiante dependen, al menos en una medida considerable, de si contó con libros en la casa, si sus padres son profesionales, si le pudieron pagar un colegio donde hubiera buenos profesores, etc. En suma, de consideraciones de clase". Por ello, dice, seleccionar por mérito académico es "transformar injusticias estructurales en experiencias individuales de frustración y fracaso".

FALSO. Este lugar común cumple la misma función que el anterior, pero atendiendo a un criterio más "legitimado" de exclusión: no el dinero con el que cuenta la familia, sino la capacidad del estudiante. Como en general la idea meritocrática (que cada uno reciba de acuerdo a su mérito) es aceptada hoy, este criterio de exclusión parece justificable. Ahora el gobierno le ha dado legitimación adicional, al centrar parte importante de su agenda educacional (o, en realidad, comunicacional) en esta idea de selección, mediante los llamados liceos "de excelencia".

Pero la capacidad del estudiante sólo parece un criterio más legítimo que el dinero. Como veremos más adelante, la idea meritocrática exige que la educación sea distribuida igualitariamente. Si la educación es brutalmente desigual, entonces no hay cómo distinguir entre los méritos de alguien y su suerte o falta de ella en cuanto a la cuna en que nació. Sólo si se ofrece educación de calidad para todos podría decirse en el futuro que si a alguien le fue mejor, se debe a sus méritos.

La diferencia, mencionada al principio, entre seleccionar por aptitudes y seleccionar mediante el cobro de una suma de dinero, es puramente superficial. En realidad ambos criterios son, en términos generales, caras del mismo fenómeno. Basta ver cualquier indicador de resultados para observar que (en términos agregados, no individuales, pues siempre habrá casos que se escapan a la norma) hay una estrecha correlación entre desempeño académico y clase social. En ese sentido tanto la selección de los alumnos como el financiamiento privado de la educación deben ser excluidos, por la razón que hemos discutido en el segundo lugar común: se trata de garantizar libertad para todos, no sólo para los afortunados.

En la discusión pública este cuarto lugar común es frecuentemente usado pues se apoya en una idea introducida por los economistas que hoy es dominante: la de los "incentivos". Se trata de premiar el esfuerzo de los que tienen éxito, como una manera de incentivar a los estudiantes a ser trabajadores y esforzados. Y entonces, para hacer referencia a los liceos "Bicentenario", en séptimo básico (es decir, a los 11 o 12 años), se medirá a los estudiantes para seleccionarlos premiando el esfuerzo desplegado en los años anteriores (es decir, digamos, cuando tenían 9 o 10 años). Pero dirigir a los niños incentivos racionales y hacerlos pagar el precio de no responder adecuadamente a ellos es una manera vergonzosa de tratarlos.

Pero no sólo es vergonzosa en tanto intenta enseñar a niños de 9 años a ser buenos agentes de mercado. Es además brutal. La idea de los incentivos depende de la posibilidad de que aquellos a quienes se dirigen cambien su conducta de modo de obtener el premio. Supone, entonces, que el premio está disponible para él, y que todo lo que debe hacer es comportarse de la manera adecuada (en este caso, esforzarse y estudiar). La implicación necesaria es que aquel que tuvo éxito se lo ganó y si alguien no tuvo éxito, fue por su culpa. Sin embargo, basta conocer un poco sobre la educación chilena para saber que los rendimientos que alcanza un estudiante dependen, al menos en una medida considerable, de cosas que no están bajo su control. Buena parte del rendimiento depende de si contó con libros en la casa, si sus padres son profesionales, si le pudieron pagar un colegio donde hubiera buenos profesores, etc. En suma, de consideraciones de clase. Es hoy insensato pretender que estas cuestiones no tienen impacto en los resultados académicos de los niños. Pero la selección por resultados académicos se basa en que el resultado exitoso es mérito del estudiante exitoso, con la consecuencia correlativa de que el fracaso es culpa del que fracasó, porque no se esforzó (= es flojo) o, esforzándose, sus resultados fueron deficitarios (= es tonto). Pero como los resultados dependen al menos en parte considerable de cuestiones sobre las cuales el niño o joven no tiene control, transmitirles a quienes no "triunfaron" el mensaje de que fue por su tontera o flojera, es brutal y perverso. Es transformar injusticias estructurales en experiencias individuales de frustración y fracaso. No sólo quedarán pateando piedras mientras otros tienen laureles y futuro, para decirlo en el lenguaje de Los Prisioneros, sino que habremos hecho lo posible para convencerlos que no hay injusticia en eso, que merecen llevar una vida de patear piedras.

Pero en adición a las dos obvias observaciones anteriores hay otra, más profunda, que se relaciona con el sentido de la infancia y la juventud como un período de aprendizaje y preparación para la vida adulta. De lo que se trata es que niños y jóvenes aprendan a elegir lo que es bueno para ellos, que aprendan a hacerse dueños de sus vidas. ¿Y cómo se aprende a elegir? La respuesta obvia es: eligiendo. Pero eso quiere decir que las elecciones que uno haga mientras está aprendiendo a elegir no serán las mejores. Por eso los niños y jóvenes son irresponsables, es decir, no cargan con (= no responden de) los costos de sus decisiones, al menos no cargan con costos demasiado altos. Decir de alguien que "no tuvo infancia" es lamentarse de que haya debido asumir responsabilidades antes de tiempo. Y esto no es una pura reflexión "teórica", es derecho positivo vigente. En efecto, el Código Civil dispone que antes de los 18 años una persona no puede celebrar un contrato, salvo en casos excepcionales. La razón es que antes de esa edad lo que probablemente uno haga si contrata es contratar mal, es decir, elegir mal. La ley lo libera a uno de las obligaciones contraídas en esas condiciones para que uno pueda elegir sin sufrir las consecuencias.

Todo el discurso del mérito en educación, aplicado a niños o jóvenes, implica hacer que ellos sufran de por vida las consecuencias de no haber elegido bien cuando después de todo no podían haber elegido bien, porque estaban aprendiendo a elegir. Esto es inclemente e inconsistente: si la ley protege al patrimonio del menor hasta los 18 años, y lo protege incluso de sus propias malas decisiones, ¿por qué no ha de proteger al joven de sus malas elecciones (jugar al fútbol en vez de estudiar), para que de ese modo pueda elegir sin pagar las consecuencias, y así aprender a elegir?
Nº 5: "No tiene nada de malo que los establecimientos educacionales lucren"
Los defensores del lucro afirman que todos lucran y que eso no tiene nada de malo. Atria despeja la confusión de conceptos con que se aborda el tema: "Un establecimiento sin fines de lucro es una institución en la que estudiantes, profesores y autoridades pueden asumir que a todos les interesa el desarrollo de la institución como establecimiento educacional. Pero en un establecimiento con fines de lucro no hay esta comunidad de propósitos, o si la hay es sólo contingente: lo que mueve a los dueños es obtener la tasa más alta posible de retorno para su capital, no desarrollar el mejor proyecto educacional posible".

FALSO. Los defensores del sistema actual han puesto el grito en el cielo por la sola impugnación de (como le dicen) "el lucro". Han repetido una y otra vez que la objeción al "lucro" es "ideológica", que desvía la atención de lo que verdaderamente importa, etc. Armados de un diccionario, apuntan que "lucro" no es sino la "ganancia o provecho que se saca de algo", y que todos, siempre, obtenemos una ganancia o provecho de nuestras interacciones con los demás. El profesor que enseña lucra, porque le pagan una remuneración; el estudiante que asiste a clases lucra, porque aprende; el diputado lucra, porque recibe una dieta. San Alberto Hurtado lucraba cuando recogía niños de debajo de los puentes, porque está depositando en una cuenta corriente espiritual para después cobrar en bonos de vida eterna. Así, los que defienden el estado de cosas actual preguntan: ¿por qué los profesores pueden "lucrar" y no lo pueden hacer los dueños de los establecimientos?

Todo esto es un error trivial, aunque no inocente. Para despejarlo conviene explicar qué implica que una persona (como las universidades, según la ley) no tengan fines de lucro. Una persona jurídica sin fines de lucro puede, desde luego, pagar las remuneraciones de los medios de producción que utiliza; si pide un crédito hipotecario para comprar un inmueble, puede pagar los intereses de ese crédito; si contrata a un directivo, puede pagar a ese directivo una remuneración de mercado; si arrienda algo, puede pagar el arriendo respectivo. Dicho de otro modo, que una corporación no tenga fines de lucro no quiere decir que sólo pueda recibir donaciones o que no pueda pagar su cuenta de electricidad. La prohibición de los fines de lucro solo significa que la corporación o fundación debe entender que su participación en la actividad respectiva no es un medio para obtener un retorno patrimonial. Que quien tiene una Universidad lo hace porque le importa la educación universitaria, no porque esa sea la manera más productiva de invertir su dinero. Que no ve a la educación como un medio para enriquecerse, de modo que si mañana las condiciones de mercado varían, el dinero pase a estar invertido en servicios higiénicos portátiles o en acciones de un supermercado. El reclamo actual de que no estén a cargo de establecimientos educacionales personas jurídicas con fines de lucro (empresas) implica, en síntesis, que lo que se busca es un sistema donde los sostenedores tengan un compromiso fundamental con la educación y no un compromiso derivado.

No se trata, entonces, de negar a alguien la "justa retribución" por su esfuerzo y trabajo. De lo que se trata es que niños y jóvenes sean educados por personas jurídicas que tienen un compromiso con la educación, no por las ventajas económicas que así puede lograr. Dicho de este modo, la pregunta no es si la prohibición del ánimo de lucro debe mantenerse respecto de las universidades, sino el escándalo de que la educación de niños y jóvenes de enseñanza básica y secundaria, así como de jóvenes de institutos profesionales y centros de formación técnica, esté a cargo de empresas que están dedicadas a la educación no porque les interesa, sino porque de ese modo pueden obtener el mejor retorno para su capital.

Por eso, es importante notar que la discusión, pese a la manera en que suele expresarse, no es sobre el lucro, sino sobre la educación provista con fines de lucro. La distinción es obvia: el Presidente de la República recibe una remuneración, pero eso no quiere decir que la presidencia sea una institución que existe para enriquecer al Presidente. El presidente "lucra" con la presidencia en el sentido de que obtiene una remuneración por desempeñarla, pero su ser presidente no tiene (al menos eso es lo que uno espera) fines de lucro.

La razón por la que una empresa que tiene un establecimiento educacional educa a los estudiantes que están matriculados en ese establecimiento no es que ella esté interesada en la educación de esos jóvenes: es que educándolos puede enriquecerse. La proscripción "del lucro" no es la prohibición de que quienes participan de la tarea educativa reciban una remuneración que compense su participación; de lo que se trata es de prohibir empresas que se ocupan de la educación sin tener compromiso con ella, que sólo se dedican a la educación porque ese es el modo en que puede obtener las más altas utilidades.

"Pero", podría decirse, "no hay razón para pensar que por tener fines de lucro una institución deja de tener un compromiso con la educación". Sin embargo eso yerra el blanco. Un establecimiento sin fines de lucro es una institución en la que estudiantes, profesores y autoridades pueden asumir que a todos les interesa el desarrollo de la institución en tanto establecimiento educacional, porque aunque tengan visiones distintas sobre el proceso educativo el establecimiento existe para realizarlo del modo más pleno posible, dadas sus limitaciones. Pero en un establecimiento con fines de lucro no hay esta comunidad de propósitos, o si la hay es sólo contingente: lo que mueve a los dueños es obtener la tasa más alta posible de retorno para su capital, no desarrollar el mejor proyecto educacional posible. Si para obtener la tasa más alta de retorno es útil desarrollar el mejor proyecto educacional posible, entonces lo harán. Pero en caso contrario no. Habrá instituciones cuyo "nicho de mercado" sea el de las instituciones de excelencia, y entonces habrá esa comunidad de propósitos. Pero otras decidirán que lo más conveniente para ellas es ocupar un nicho "medio" de mercado, y en ese caso los que están involucrados en el proceso educativo querrán que sea el mejor proyecto posible mientras los dueños estarán preocupados de contener esas demandas para no afectar sus retornos.

Uno de los aspectos más notables de la discusión actual tratándose de este lugar común respecto de la educación universitaria es el consenso que ha surgido sorpresivamente acerca de que una universidad con fines de lucro tenderá a ser una peor universidad que una universidad sin fines de lucro. Como esto ha sido concedido incluso por quienes siempre han sido partidarios del mercado, es importante preguntarse por qué. Y la respuesta es la que está en el párrafo anterior: los dueños de una universidad con fines de lucro tomarán las decisiones que maximicen su retorno, no las que hagan de esa universidad la mejor que pueda ser. Por supuesto, es posible que ambas cosas coincidan. Pero es también posible que no. Que un establecimiento educacional tenga fines de lucro es una manera de anunciar qué decidirá el dueño en los casos en que esas dos cosas no coincidan.

Ahora bien, puede ser en principio razonable que haya universidades de calidades distintas, unas enfocadas especialmente en la docencia y otras en la investigación, etc. Pero eso no es aceptable tratándose de establecimientos de educación básica y media, porque la imparcialidad con que los intereses de cada uno cuentan debe transformarse en una tendencia a la igualdad (ya está dicho, pero valga la repetición, que esta "igualdad" no es igualdad de contenidos, sino en cuanto a las oportunidades de vida que abre). Por eso, hay que aprovechar el paso adelante que representa el hecho de que hoy nadie alegue que las universidades con fines de lucro serán de tan buena calidad como las que no tienen esos fines, y preguntar: ¿si eso es así, por qué es aceptable que haya colegios con fines de lucro?

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