Wednesday, May 28, 2014




23 de mayo de 2014


Ayer, ‎23‎ de ‎mayo‎ de ‎2014, ‏‎15:15:11 | Pedro Ramírez

El tono cordial habitual del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, desapareció inmediatamente después del discurso presidencial del 21 de mayo. El cardenal no terminaba de bajar las escalinatas del Congreso cuando fustigó ante la prensa la decisión gubernamental de avanzar en la despenalización del aborto. La brecha de la desafección entre Ezzati y La Moneda se amplió varios metros tras ese anuncio, pero la verdad es que los primeros detalles conocidos de la reforma educacional ya habían convertido ese distanciamiento en una zanja ancha y profunda.

Ezzati considera que el fin del lucro, del copago y de la selección de alumnos -los tres pilares del proyecto enviado al Congreso por el Ministerio de Educación-, puede ser una estocada a la libertad de enseñanza. Por lo mismo, ha convertido a la Iglesia Católica en el primer escudo protector de los sostenedores privados de colegios. El cardenal ha aparecido en el papel de líder de una alianza entre los sostenedores católicos y los empresarios de la educación subvencionada, agrupados todos en la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE). Un rol que, en todo caso, no resulta cómodo para varias congregaciones dedicadas a la enseñanza y que administran sus colegios a través de fundaciones que se declaran sin fines de lucro, las que señalaron a CIPER que preferirían diferenciarse de los sostenedores que sí lucran con fondos públicos.
El peso de la Iglesia Católica es relevante en el debate de la reforma educacional: es el mayor grupo de interés entre los sostenedores privados. CIPER solicitó al Ministerio de Educación (Mineduc) la base de datos del año 2013 con los antecedentes de todos los colegios particulares subvencionados de la Región Metropolitana y pudo constatar que de los 2.076 colegios que reciben fondos estatales, 190 establecimientos (9,1 % del total) tiene un vínculo directo con un obispado, una congregación o una obra apostólica de laicos que se declara colaboradora de una diócesis u orden religiosa. Quedan fuera de esta nómina los colegios que, aunque se declaran confesionales, pertenecen a un sostenedor privado que no tiene vínculo administrativo con entidades de iglesia.

En términos de matrícula, los colegios ligados a la Iglesia Católica educan a 159 mil alumnos de un total de 831 mil estudiantes del sistema particular subvencionado de la Región Metropolitana.

En 2013 estos 190 colegios católicos recibieron, en total, una suma de $94.806 millones correspondientes a subvención normal y otros $14.867 millones por subvención SEP (destinada a mejorar la educación de los alumnos vulnerables). Así, la cifra global del dinero público que percibieron se elevó a $109.673 millones, casi un quinto (18%) de los $604 mil millones que el Estado entregó a sostenedores privados en la región. El monto que recibe anualmente la iglesia equivale a US$ 200 millones y es más, por ejemplo, que lo que espera recaudar el gobierno con el nuevo impuesto a la contaminación de las 500 principales fuentes industriales (US$ 176 millones).

Si se agrega el copago de los apoderados -modalidad que sólo tienen algunos colegios-, el monto final asciende a $139.398 millones, ya que en 2013 el aporte de las familias a colegios católicos de la Región Metropolitana sumó $29.724 millones. Los diez establecimientos con cobro promedio mensual de copago más alto fueron: Colegio Santa Úrsula de Maipú ($75.216), Colegio Inmaculada Concepción ($74.880), Colegio Particular Corazón de María de San Miguel ($74.600), Colegio Particular Salesiano Patrocinio de San José ($72.231), Instituto La Salle ($71.338), Colegio Madre de la Divina Providencia ($71.322), Colegio Particular Josefino Santísima Trinidad ($68.229), Colegio Divina Pastora Ñuñoa ($ 67.681), Colegio María Inmaculada ($67.256), Liceo Particular Salesiano Manuel Arriarán Barros ($64.585).

Para establecer el monto total que el Estado aporta a educación religiosa en la Región Metropolitana, es necesario incluir en los cálculos la subvención que se entrega a colegios vinculados a diferentes iglesias protestantes. Estos son 27 establecimientos, los que en 2013 recibieron $5.104 millones por concepto de subvención normal y otros $1.349 millones por subvención SEP. En suma, los aportes públicos a estos colegios protestantes alcanzaron a $6.454 millones. Con el copago de los apoderados -que sumó $897 millones-, el monto final de los ingresos percibidos por colegios religiosos protestantes se eleva a $7.351 millones.


“MEGASOSTENEDORES” CATÓLICOS

La entidad católica de la Región Metropolitana que recibe más aportes del Estado para fines educacionales es el Arzobispado de Santiago. La Corporación Educacional del Arzobispado administra nueve colegios y la arquidiócesis gestiona otros 16 establecimientos a través de fundaciones. Según los datos del Mineduc, en 2013 este conjunto de 25 colegios recibió $17.464 millones en subvenciones, para una matrícula total de 24.221 alumnos.


Le sigue la Fundación Educacional Belén (Belén Educa), cuyo directorio es presidido por el cardenal Ezzati. Los archivos del Mineduc indican que en la Región Metropolitana administra ocho colegios, con una matrícula global de 13.641 estudiantes, y que el año pasado recibió $10.312 millones de aporte estatal.

En tercer lugar se ubican los religiosos piamartinos (Congregación Sagrada Familia de Nazaret), la que gestiona dos colegios, con un total de 7.521 alumnos, y en 2013 recibió aportes públicos por $5.390 millones. A continuación figura la congregación salesiana con siete colegios subvencionados distribuidos en el Gran Santiago, los que atienden a 7.380 estudiantes y recibieron subvenciones por una cifra global de $4.506 millones.

Los jesuitas cierran el cuadro. Aunque en la Región Metropolitana la orden sólo gestiona de manera directa un establecimiento (el Colegio Infocap, con una matrícula de apenas 73 alumnos), también controla dos fundaciones educacionales que gestionan otros tres colegios. No obstante, los jesuitas participan también en la orientación pastoral de los colegios agrupados en la organización Fe y Alegría, la que forma parte de la Red Educacional Ignaciana. Esto le permite a la orden tener influencia sobre otros nueve colegios, administrados por cinco fundaciones. La Compañía de Jesús tiene un proyecto educativo al que adscriben los colegios que integran la organización Fe y Alegría. Así, en 2013 los colegios que se suman a este proyecto recibieron subvenciones por un total de $4.526 millones para atender a un universo de 5.437 alumnos.

ALERTA EPISCOPAL

El cardenal Ezzati, que también preside el Comité Permanente del Episcopado, ha asumido un rol protagónico en los reparos a los proyectos de reforma educacional planteados por el gobierno. El mismo miércoles 21 de mayo, tras el discurso presidencial, el portal web del episcopado difundió declaraciones del prelado en defensa del copago y la selección de alumnos. Sobre el primer punto, dijo: “El copago nació buscando una democratización de la educación, buscando que los papás que educaban a sus hijos en colegio pagado y que no lo podían hacer, lo pudieran hacer de manera más participativa y con mayor facilidad y eso ha sido un beneficio social muy grande, especialmente, para la clase media”.

Respecto de los procesos de selección, Ezzati afirmó: “El hecho educativo es un hecho de confianza entre el alumno y el educador, entre el padre de familia y el proyecto educativo que ofrece el educador, y naturalmente la confianza supone conocimiento. El hecho de que se diga que no tiene que haber ninguna selección, creo que es equivocado. Tiene que haber una selección positiva en este sentido”.

De acuerdo a La Tercera, el cardenal ejemplificó así su rechazo a la eliminación de la selección: “Yo no puedo educar a Pedrito si yo no conozco a Pedrito (…), si yo no conozco el contexto familiar en el cual vive, el contexto social en el cual vive, las necesidades que él tiene, los talentos que él tiene”.

El 22 de abril pasado, la Conferencia Episcopal difundió una declaración en la que también manifestó serias discrepancias con aspectos centrales de las reformas impulsadas por La Moneda. En ella abogó por la mantención de un sistema de selección, el que denomina “proceso de admisión”, que tendría por objeto “informar a los padres convenientemente acerca de las características del Proyecto Educativo según el cual van a ser educados sus hijos, y al que ellos, en caso de compartirlo, no solo deben adherir sino comprometerse activamente en su realización (…). Lo anterior no dice relación ni justifica sistemas de selección por razones económicas, de rendimiento o de situación familiar que resultan discriminatorios y contrarios al modo cristiano de educar”.



Obispo Héctor Vargas

El documento advirtió sobre el riesgo de una eventual “unificación” de la enseñanza: “Se trata de evitar en el futuro que el Estado, mediante nuevas exigencias y condiciones para otorgar la subvención  y ya no como derecho de los padres y servicio a la libertad de elegir de las familias-, pueda ir unificando el sistema educacional chileno haciendo que los distintos ámbitos de las escuelas subvencionadas tanto municipales y particulares, al margen de su Proyecto Educativo, realidad geográfica, situación de sus destinatarios, urgencias y desafíos propios, se vean obligadas de funcionar de manera similar, en lo curricular, disciplinario, ambiental, organizativo y financiero”.

La declaración del Episcopado agregó: “La sola posibilidad de acercarnos a un modelo de gestión escolar único, impuesto por el Estado a todo el sistema subvencionado, donde acuden mayoritariamente los pobres y la clase media, resulta impensable”.

El mismo 22 de abril en que se difundió esta declaración, El Mercurio amplificó la ofensiva al publicar una nota informativa con las opiniones del presidente del Área Educación de la Conferencia Episcopal y obispo de Temuco, Héctor Vargas. En ese texto, Vargas acusó que “el Estado ha comenzado gradualmente a usar la subvención como un medio, o sea ‘te entrego la subvención, pero te pongo condiciones’, y al ponerte condiciones, te estoy diciendo en qué puedes gastar la plata y en qué no puedes. Esa no es la finalidad de la subvención”. También disparó directo al proyecto que elimina el copago, al afirmar que ese sistema permite a los padres más pobres poner a sus hijos en colegios particulares y que hoy los colegios ocupan casi toda la subvención en pagar sueldos, por lo que “las escuelas están viviendo del financiamiento compartido para todo lo demás”.

DISCREPANCIAS

A pesar de las alarmas encendidas por Ezzati y Vargas, representantes de las principales entidades que administran colegios católicos no comparten ese tono. Por el contrario, apuntan a que las reformas propuestas pueden ser beneficiosas. La eliminación del copago, por ejemplo, es bien vista por el secretario ejecutivo de la Vicaría para la Educación del Arzobispado de Santiago, Cristián Infante, siempre que, tal como lo ha informado el Mineduc, se acompañe de un incremento en la subvención:



Cristián Infante

–Creemos que sería muy beneficioso que se terminara el copago y se compensara ese monto por la vía de aumentar la subvención general. Es un escenario de mayor estabilidad en los flujos, pone normas claras frente a los padres y ayuda a emparejar a los colegios, de cara a la comunidad escolar. Además, nos ahorra el costo emocional y administrativo que implica tener que cobrar a los padres el copago –dice Infante.

Una posición similar exhibe el sacerdote Galvarino Jofré, responsable del área educacional de los salesianos. Según explica, hoy el copago es un “ingreso variable” y muchas veces no se alcanza la recaudación proyectada, debido a los problemas económicos de las familias: “Nosotros ocupamos la subvención prácticamente de manera íntegra para pagar sueldos. Los sueldos representan más del 90% de nuestros costos, por lo que el porcentaje restante se cubre con el aporte de las familias. Si se elimina el copago y se compensa con un aumento de la subvención, nos ahorra un problema, porque deja de ser un ingreso variable”.

Para Jofré, lo ideal sería que entre los representantes de la Iglesia Católica que dialoguen con el Mineduc se incorporen profesionales de las congregaciones que manejan los números: “Si se está pensando en eliminar el copago y aumentar la subvención, esperamos que se escuche a los que saben cuánto se requiere para operar un colegio, para que el aumento de la subvención efectivamente compense”. A su juicio, este es un tema técnico que, bien manejado, no tendría por qué poner en riesgo la libertad de enseñanza.

En cuanto a la selección de alumnos, desde septiembre de 2009 que la Ley General de Educación prohibió todo tipo de selección hasta sexto básico. Eso en el papel, porque en la práctica muchos colegios siguen aplicando filtros de ingreso. En 2011, un sondeo de Educación 2020 y La Tercera demostró que la mitad de estos colegios que recibían aportes estatales y estaban bien rankeados en el Simce seleccionaban de alguna forma a sus alumnos. Por ejemplo, 55% aplicaba un test de ingreso, 48,7% pedía certificados de notas, 37% no aceptaba alumnos repitentes, 29% exigía notas mínimas y 8% pedía cheque en garantía o liquidaciones de sueldo de los padres.

CIPER llamó a varios colegios ligados a la Iglesia Católica y confirmó que es habitual que se establezcan mecanismos de ingresos que pueden operar como una forma de selección, desde pruebas de admisión, pasando por informe de kínder y certificados de bautizo y matrimonio. Una excepción entre los colegios consultados fue la red de colegios que administra la arquidiócesis que encabeza el propio Ezzati. La directora ejecutiva de la Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago, Magdalena Aninat, explica: “Nuestros colegios no tienen selección de ningún tipo. No es necesaria porque tenemos más oferta que demanda, en general. Mucho menos tenemos requisitos religiosos, eso es imposible en sectores tan vulnerables como los que atendemos. Nuestras comunidades tienen alumnos evangélicos, mormones y de otros credos”.

De acuerdo al mensaje del proyecto de ley enviado esta semana por el Ejecutivo, el 80% de las escuelas y liceos que reciben aportes estatales pide algún tipo de requisito de ingreso a los padres, lo que con la reforma quedará prohibido para todos los niveles de enseñanza. Eso incluye la presentación de antecedentes económicos de la familia. Ahora las postulaciones se harán a través de una plataforma única y los colegios deberán aceptar a todos los postulantes. En caso de que haya más candidatos que cupos, la selección será aleatoria y aplicando ciertos criterios, como un 15% de alumnos vulnerables y dando prioridad a quienes tengan hermanos o sean hijos de funcionarios del establecimiento.

El proyecto de ley también prohíbe el lucro, lo que no debiese ser un punto alarmante para muchos administradores de colegios católicos, pues un número significativo de ellos ya han adoptado la figura de fundaciones o corporaciones que se declaran sin fines de lucro. Esto les permite, como ya ocurre con los colegios del arzobispado y de los salesianos, disponer de un fondo común, de tal forma que pueden tomar recursos de sus colegios con más ingresos para “apuntalar” a aquellos que son deficitarios.



Juan Enrique Guarachi

El director Ejecutivo de Belén Educa, Juan Enrique Guarachi, señala que “en nuestra definición no tenemos fines de lucro, cuando salimos a buscar recursos privados es porque creemos que es fundamental esta alianza con lo público, donde lo importante son nuestros niños y la capacidad de generar real movilidad social”. En 2013 esta fundación recibió $1.841 millones en donaciones y otros ingresos distintos a las subvenciones y copago. El financiamiento de todo su equipo de apoyo técnico a la red de colegios (unas 70 personas) proviene de donaciones, principalmente de Copec y Santander.

Según indicó el gerente de Recursos Humanos de Belén Educa, Andrés Pérez, sus gastos se dividen en 82,8% remuneraciones, 9,6% costos formativos y 7,5% costos de administración. En la experiencia de Belén Educa, con los fondos públicos no alcanza para reinvertir en obras de mejoramiento y por eso dependen de las donaciones.

Lo mismo señala el sacerdote salesiano Galvarino Jofré: “Para invertir en infraestructura dependemos de las ‘procuras internacionales’, que son organizaciones católicas que distribuyen fondos de donaciones. Pero apoyan solo colegios en zonas de alta vulnerabilidad, como nuestros colegios de San Ramón o Alto Hospicio. Cuando se trata de colegios como los que tenemos en el centro de Santiago, por ejemplo, que también son subvencionados, recurrimos a endeudamiento bancario”.

PASTORAL CON DINERO PÚBLICO

El administrador de una de las principales congregaciones dedicadas a la educación, que pidió la reserva de su nombre, exhibe las cifras y balances de su gestión y dice que no ve cómo, con esos números, se puede entregar educación de calidad y lucrar al mismo tiempo. “No hay margen para el lucro, si no es con sacrificio de la calidad”, dice. Por eso, sostiene que no parece ser una buena estrategia que la jerarquía de la Iglesia Católica aparezca en una suerte de “santa alianza” con los sostenedores privados, en oposición a la reforma. Esa crítica, dice, es extendida entre las congregaciones más grandes: “No estamos juzgando a los empresarios de la educación. Ellos juegan su rol dentro de las reglas que tiene el sistema. Pero los colegios católicos no se guían, o al menos no deben hacerlo, por criterios empresariales. Nuestra vocación es de servicio público y evangelización”.

El vicerrector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), Claudio Almonacid, dice que en la postura de la Iglesia Católica sobre la reforma “se ha confundido la libertad de enseñanza con la libertad de hacer negocios”. En este tema, Almonacid tiene autoridad. A comienzos de la década pasada fue el primer investigador académico que arrojó luz sobre el tamaño y extensión de la educación religiosa que opera con subvenciones estatales.

Almonacid señala que, desde los años en que hizo sus primeras investigaciones sobre esta materia, el cuadro ha variado bastante: “Muchos sostenedores religiosos se han reconvertido en fundaciones y corporaciones que declaran no tener fines de lucro”. No obstante, estima que persiste una situación problemática, pues siguen usando recursos públicos para financiar actividades de proselitismo religioso: “Así como un sostenedor privado con fines de lucro saca utilidades y las ocupa para costear sus necesidades personales, los sostenedores religiosos, aún cuando se declaran sin fines de lucro, usan también parte de los recursos públicos para costear otras necesidades de sus congregaciones”.

Entre estas “otras necesidades”, Almonacid menciona actividades tales como grupos pastorales y de catequesis, que giran en torno a los colegios: “La pregunta que surge es si este tipo de actividades son parte de la labor educativa que puede financiarse con aporte del Estado”.

CASA DE CRISTAL

Si la reforma que pone fin al lucro prospera y se convierte en ley, el Mineduc tendrá que disponer de un mecanismo para revisar y fiscalizar cada uno de los gastos que declaren los colegios subvencionados. La administración de los establecimientos será una verdadera “casa de cristal” expuesta al escrutinio público, a objeto de que no ocurra lo que ha pasado con las universidades privadas, que burlan la prohibición de lucro contratando servicios de empresas que pertenecen a los mismos controladores de los planteles. Por lo mismo, en el Mineduc saben que, respecto de los colegios confesionales, quedará en evidencia que financian actividades religiosas con dinero público, lo que abrirá un nuevo flanco de debate.

Le reforma otorga a la Superintendencia de Educación facultades de fiscalización y auditoría. En ese sentido, establece que anualmente todos los establecimientos que reciban aportes del Estado deberán enviar a ese organismo copia de sus memorias y balances financieros auditados, además de un informe desagregado con el detalle de los gastos y el uso de los recursos fiscales.



Para cumplir su función, la Superintendencia podrá exigir todo tipo de documentación a los sostenedores -boletas, facturas y contratos, entre otros comprobantes- para verificar que las compras y contrataciones no contravengan la prohibición de realizar negocios con personas y sociedades relacionadas. También podrá solicitar al Servicio de Impuestos Internos (SII) que realice avalúos de los bienes adquiridos con fondos públicos, para así evitar que existan convenios y transacciones a precios por sobre los valores de mercado.

Lo que no está claro aún es el reglamento que regulará ese sistema de fiscalización, el cual debiera estar listo a más tardar un año tras la eventual aprobación del proyecto. No se sabe si se le dotará de más recursos y personal a la estructura de la superintendencia para poder fiscalizar efectivamente, porque el proyecto no dice nada respecto a eso. Este punto no es menor, pues si no se dispone de financiamiento suficiente para contar con recursos humanos y materiales en sintonía con la envergadura de la tarea, la reforma estará condenada a convertirse en un león sin dientes.

El proyecto establece una serie de gastos que estarán permitidos y que deben estar directamente relacionados con el desarrollo del “proyecto educativo” de cada colegio. En ese sentido, si un colegio confesional declara gastos por actividades pastorales, estarían permitidos si se relacionan con los objetivos del proyecto educacional declarado por el sostenedor y elegido libremente por los apoderados. Eso puede ser desde un retiro espiritual a alguna actividad religiosa con la comunidad escolar, por ejemplo. Pero no un viaje de los miembros de la congregación sostenedora, la mantención de los religiosos que la componen o la compra de bienes a su nombre, lo que sería considerado como lucro.

CONGREGACIONES REORGANIZADAS

Si las nuevas normas considerarán como lucro el uso de recursos de los colegios para sostener a las congregaciones, esto plantea un problema para varias órdenes religiosas. Aún existen congregaciones pequeñas que administran colegios subvencionados y cuyas comunidades religiosas se mantienen gracias a los “retiros” de dinero que hacen en esos establecimientos. En general, se trata de congregaciones con pocos integrantes y, la mayoría de ellos, de edad avanzada, debido a la crisis de nuevas vocaciones que vive la Iglesia.

Para dar continuidad a estos colegios, una posibilidad es que congregaciones mayores se hagan cargo de los establecimientos y se ocupen de la mantención de las religiosas que actuaban como sostenedoras. Una antigua experiencia de ese tipo se desarrolló en Puerto Montt, según cuenta el sacerdote Galvarino Jofré. Allí, los salesianos tomaron bajo su administración un colegio fundado por el sacerdote José Fernández y asistido por un pequeño grupo de monjas.

En todo caso, ya hay varias congregaciones que, enfrentadas a este problema, se han reorganizado, entregando la administración de los colegios a fundaciones o corporaciones que ellas controlan y asignando un sueldo a las monjas que prestan servicios dentro de los establecimientos. Esos sueldos luego son aportados a un fondo común para sostener a la comunidad. De esta forma, los dineros y el patrimonio de los colegios quedan separados de los recursos de las congregaciones.

Con la nueva ley, esto podría ser interpretado como lucro encubierto, pues la contratación generalizada de religiosos que pertenecen a una congregación que controla una fundación sostenedora puede ser interpretada como contratos entre partes relacionadas. Así, el uso de fondos públicos para asegurar la supervivencia y las actividades no educativas de la comunidad quedaría restringido.
Eso complicaría algunos de los mecanismos que han usado ciertas congregaciones para adaptarse a los cambios que se vienen. Por ejemplo, las Hijas de San José Protectoras de la Infancia, una comunidad sostenedora de cuatro colegios que inició un proceso de transformación en su modelo de gestión. Uno de sus establecimientos en Maipú (Colegio San José) se administra ahora bajo la Fundación Educacional Sofía Infante Hurtado, que es de la congregación y tiene personalidad jurídica del Ministerio de Justicia. La idea, explica la religiosa Luz Galdames, representante legal de los colegios, es traspasar todos los planteles a esta modalidad para “descomprimir” el RUT de la congregación y ordenar la gestión.

-Los recursos que obtenemos se reinvierten íntegramente en los colegios, no se destinan a ningún otro fin. En eso somos muy estrictos; tampoco se traspasan recursos entre los colegios. Cuando hacemos obras de mejoramiento de infraestructura mayor, pedimos préstamos bancarios -dice Galdames.

Ella asegura que, si bien las religiosas viven en la sede de unos de los colegios, en Santiago Centro, los recursos para sostener a la comunidad están completamente separados de la gestión de los establecimientos: “Nos mantenemos gracias a los sueldos de quienes trabajan en los colegios y las mayores, con su jubilación. Vivimos muy austeramente e, incluso, generamos pequeños excedentes que nos permiten tener un fondo para emergencias”.


lunes, ‎05‎ de ‎mayo‎ de ‎2014, ‏‎19:30:49 | Juan Pablo FigueroaDescripción: Ir al artículo completo

Durante dos semanas, los estudiantes de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB) estuvieron en paro. Alegaban hacinamiento en su campus de Bellavista –donde también funciona una sede del instituto AIEP–, escasa reinversión en infraestructura, un fuerte recorte en el financiamiento de sus escuelas y un alza de un 20% en los precios que la universidad cobra anualmente a sus alumnos. Decían que a pesar de pagar un arancel cercano a los $4.000.000, no cuentan con salas ni mobiliario suficientes para cursar sus clases. Para ellos, todos esos elementos son consecuencia del mismo modelo de negocios que hoy tiene bajo la lupa del Ministerio Público, del Ministerio de Educación (Mineduc) y del Servicio de Impuesto Internos (SII) al Grupo Laureate, el consorcio internacional que controla la casa privada de estudios superiores con mayor matrícula en el país y que además es dueño de la Universidad de Las Américas (UDLA), la Universidad de Viña del Mar (UVM), el Instituto Profesional AIEP y la Escuela Moderna de Música.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se reunió con los alumnos en paro y citó a una sesión especial para discutir el problema el pasado lunes 21 de abril. Su intención era obtener antecedentes y exigir explicaciones a las autoridades de la UNAB. Los estudiantes de Santiago llegaron acompañados por sus compañeros de Viña del Mar, quienes aseguraban tener problemas muy similares: durante 2013 tuvieron que cursar por un tiempo sus ramos en distintos lugares -“hasta en parroquias”-, porque no tenían dónde estudiar. “Esto ocurrió porque el grupo controlador entregó nuestra sede a las otras universidades del grupo y la nuestra no estaba lista”, dijo uno de los estudiantes a La Segunda.

La sesión del lunes 21 terminó sin los resultados esperados, básicamente porque el rector de la UNAB, Pedro Uribe, no se presentó. Tenía “compromisos previos”, diría después. Tampoco asistió al Congreso cuando fue citado para declarar ante la comisión especial que investigó el lucro en la Educación Superior. Para el presidente de la comisión, el diputado Mario Venegas (DC), su ausencia en ambas oportunidades no hace más que generar sospechas: “Nos da derecho a pensar que algo no está funcionando bien con esa universidad”.



Derecho UNAB en paro (Fuente: www.pionononews.blogspot.com)

El problema generado entre los alumnos de la UNAB es sólo otra manifestación de las serias complicaciones que enfrenta la estructura de negocios y de propiedad que ha diseñado el Grupo Laureate para operar en Chile. La misma que fue denunciada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) al momento de negarle o rebajarle la certificación de calidad a sus universidades por considerarla un “riesgo para el proyecto educativo”. Esa estructura es el esqueleto de un negocio altamente rentable, que le permitió a Laureate recuperar en tan sólo cuatro años el 100% de su inversión para adquirir el control de la UNAB y la UVM: US$ 80 millones. Esa es la misma cifra que, según el Ministerio Público, las universidades del grupo traspasaron entre 2009 y 2012 a empresas de la red en el extranjero. Supuestamente, sin pagar impuestos y sin que haya una justificación detrás de esas transacciones que satisfaga a las autoridades. Es por eso que hoy el consorcio es investigado a petición de la fiscalía por el SII, por un posible delito tributario.

A pesar de las investigaciones que pesan sobre ella, toda esa estructura se ha modificado silenciosamente, una y otra vez, durante los tres últimos años. En 2010, por ejemplo, las empresas que controlaban la UNAB eran el Instituto Andrés Bello S.A. y Desarrollo de la Educación Superior S.A. Hoy, ninguna de las dos existe. Ambas desaparecieron en un proceso que se inició en 2011, al mismo tiempo que miles de chilenos salían a las calles a exigir a gritos educación superior gratuita, de calidad y sin fines de lucro. Para entonces, las autoridades fijaban su atención en las universidades del grupo por supuestamente haber infringido las reglas del juego y Laureate movía sus piezas para rediseñar por completo su estructura y sus inversiones en Chile.

CIPER revisó los pasos que dio Laureate desde que comenzó el proceso y descubrió que tras decenas de modificaciones, fusiones, absorciones, disoluciones, transformaciones, compras y ventas, el grupo ha terminado por concentrar casi todo el control de su red en Laureate Desarrollos Educacionales SpA, una sociedad sobre la cual hay muy pocos registros. Si se busca su nombre en Google, sólo aparecen las resoluciones a través de las cuales la Municipalidad de Vitacura le otorgó en 2013 su patente comercial y un documento en alemán donde aparece mencionada en una extensa lista con más de 6.500 empresas donde figuran al menos otras 33 filiales de la red Laureate radicadas en México, Honduras, Costa Rica, Alemania, Holanda, Estados Unidos, China, India y Emiratos Árabes. Aun así, esa sociedad es el centro de control en Chile de un negocio que, aunque muy rentable, hoy corre peligro. No sólo por ser protagonista de primera línea en las investigaciones que llevan adelante el Mineduc, el Ministerio Público y el SII, sino también por los graves castigos que le impuso la CNA, lo que se ha traducido en una disminución de la matrícula y un reducido acceso a los millones estatales del Crédito con Aval del Estado (CAE).

80 MILLONES DE IDA, 80 MILLONES DE VUELTA

Jorge Selume, uno de los controladores originales de la UNAB y presidente de la Región Andina del Grupo Laureate, declaró a fines de 2012 ante el fiscal Carlos Gajardo por la investigación sobre acreditaciones fraudulentas otorgadas por Luis Eugenio Díaz, ex presidente de la CNA, a distintas casas de estudio: “En 2003 entró el Grupo Laureate y salimos los ocho (controladores) que estábamos (…). Se transfirieron institutos profesionales, marcas, algunas propiedades y también el Instituto Profesional AIEP. El Grupo Laureate adquirió estos bienes en alrededor de US$ 80 millones y por lo tanto significó alrededor de US$ 10 millones para cada uno de los controladores. En todo caso, la adquisición no incluyó la mayor parte de las inmobiliarias, que siguieron en manos de algunos de los ex sostenedores”.

El monto al que se refirió Selume considera dos millonarias adquisiciones por parte del grupo internacional que desde 2000 es sostenedor de la UDLA. La primera fue en 2003, cuando el antecesor de Laureate Education Inc. (Sylvan Learning Systems, Inc.) y los entonces controladores de la UNAB firmaron un contrato para traspasarle al consorcio el 80% del control de la universidad y del instituto AIEP en US$ 62,8 millones. La segunda fue en 2009, cuando con una inversión de US$ 18 millones el grupo Laureate adquirió el control total de la UVM. Así fue que el grupo se convirtió en uno de los mayores conglomerados educacionales del país, con más de 135.000 alumnos en todo Chile. De ellos, al menos el 11% financia sus estudios con el CAE, convirtiendo a Laureate en el mayor receptor de esos dineros públicos. Según los datos de la Comisión Ingresa, para 2012 el 16,8% del total nacional de beneficiarios cursaba estudios en los establecimientos de Laureate, garantizándole ingresos por más de $21.538 millones.

El negocio resultaría altamente rentable. Entre 2009 y 2012, desde las arcas de esas tres universidades salieron millonarios fondos que fueron transferidos principalmente a Laureate Education Inc., la matriz del grupo en Estados Unidos, y a Laureate Trademark, BV, una de sus filiales en Holanda. Si se suman los traspasos, da por resultado cerca de US$ 80 millones que salieron del país. En otras palabras, en sólo esos cuatro años el Grupo Laureate recuperó el 100% de su inversión para adquirir la UNAB y la UVM.

Todos esos traspasos son ahora investigados por el SII a petición de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Ante la ausencia de una tipificación legal que les permita perseguir a las 12 universidades que indagan por “lucro” –entre ellas las tres del Grupo Laureate–, los persecutores decidieron jugar otra carta: investigar un posible delito tributario, ya que esos US$ 80 millones fueron a parar a sociedades extranjeras sin pagar impuestos, gracias a las franquicias de las entidades educacionales sin fines de lucro.

Los antecedentes financieros también están siendo investigados por el Mineduc. Según explicó en enero pasado el director de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Matko Koljatic, en entrevista con El Dínamo, la entidad encargada de certificar la calidad de las instituciones de Educación Superior remitió al ministerio toda la información sobre las transacciones que la UDLA y la UNAB realizaban a Laureate, las que representaban –en el caso de la UDLA– “más del 20% de los gastos de la universidad, lo que pone en riesgo la sustentabilidad del proyecto educativo”.

En todo caso, no todos los traspasos de dinero han salido del país. Según los estados financieros de las tres universidades, entre 2011 y 2012 a Laureate Chile II SpA se le transfirieron más de $4.257 millones por conceptos de “servicios operacionales” o “servicios administrativos”. Por el mismo motivo, Servicios Andinos SpA recibió cerca de $1.268 millones. Se suman también los $1.214 millones que fueron a parar a las cuentas de Indae Ltda., los más de $1.413 millones que se pagaron al Instituto Profesional AIEP S.A. (el instituto profesional que por ley sí puede tener fines de lucro) y los $532,7 millones que recibió Servicios Profesionales Andrés Bello S.A. Y por arriendos de los inmuebles donde operan algunas sedes de las tres universidades, Inmobiliaria Educacional SpA obtuvo una cifra que se alza por sobre los $34.430 millones. En total, las empresas chilenas del grupo recibieron en sólo dos años cerca de $43.115 millones (US$ 77,3 millones).

Al seguir las líneas de control detrás de cada una de esas empresas, el camino lleva directamente hacia Laureate Desarrollos Educacionales SpA. El nombre de esa sociedad no aparece mencionada ni una sola vez en los estados financieros de 2011 ni 2012 de la UNAB. Tampoco en los documentos contables de las otras dos universidades que pertenecen al Grupo Laureate: la UDLA y la UVM. Ni siquiera figura en la lista de empresas relacionadas que las instituciones de Educación Superior debieron informar al Ministerio de Educación (Mineduc). Sin embargo, en el período transcurrido desde que fue creada en octubre de 2011 con un capital de apenas un millón de pesos, se ha convertido en la pieza clave para la estructura de control que Laureate ha diseñado para administrar sus establecimientos en Chile y gestionar su lucrativo y millonario negocio.

LA RUTA PARA CONCENTRAR EL CONTROL

Para diciembre de 2013, Laureate Desarrollos Educacionales SpA era la única accionista, directa e indirectamente, de al menos ocho de las principales empresas del grupo Laureate. Entre ellas hay sociedades de inversión, firmas inmobiliarias y hasta un instituto profesional. Si se suma en una calculadora normal el capital que registran todas ellas, la cifra completa ni siquiera cabe en la pantalla: en total son más de $373.544 millones (cerca de US$ 670 millones).


El camino que emprendió el grupo internacional para concentrar en una sola sociedad el control de su estructura de negocios comenzó el 12 de octubre de 2011, cuando dos subsidiarias holandesas de la red educacional, Laureate International, BV y Laureate I, BV, modificaron las dos empresas que el grupo utilizaba desde 2003 para operar en Chile: Laureate Chile Ltda. e Inversiones Educacionales Ltda. El cambio consistió en aumentar su capital y convertirlas en sociedades por acciones, una figura que se repetiría con casi todas sus empresas relacionadas durante los años que vendrían. Al día siguiente, y con un capital inicial de tan sólo un millón de pesos, crearon Inversiones Educacionales Laureate SpA, la semilla de lo que sólo meses después se convertiría en la matriz del grupo tras cambiar su nombre a Laureate Desarrollos Educacionales SpA.



De forma paralela, y mientras el movimiento estudiantil ya se manifestaba a través de multitudinarias marchas por todo el país denunciando el lucro y a un sistema que no garantiza la calidad de la educación, las sociedades que ya operaban bajo la estructura de Laureate comenzaron gradual y silenciosamente a centralizarse. Para entonces, si se seguía la línea de control de las empresas que formaban parte de la red, se llegaba inevitablemente a dos sociedades matrices: Pvscam S.A. y Desarrollo del Conocimiento S.A. Aunque ambas eran representadas por Jorge Selume y Pablo Guerrero, era difícil dilucidar quiénes eran sus dueños. Las dos habían sido creadas en 2000 por los antiguos controladores de la UDLA, y desde 2006 que figuraban Selume y Guerrero representándolas en sus distintas modificaciones publicadas en el Diario Oficial. Pero ninguna de esas publicaciones decía quiénes eran los titulares de sus acciones. Algo que se transparentó ese mismo octubre de 2011.

Primero fue el turno de Pvscam S.A. Luego de absorber a otras cuatro sociedades, se convirtió en una sociedad por acciones cuyos únicos socios eran las compañías holandesas (a través de Laureate Chile SpA) y Desarrollo del Conocimiento S.A. Días después, esta última también absorbió a otra empresa que terminó por extinguirse para luego convertirse en una SpA controlada por Laureate Chile SpA e Inversiones Educacionales SpA, es decir, por sus únicas accionistas: las subsidiarias de la red educacional en Holanda. Con esos simples movimientos, Laureate se hizo del control indirecto y casi total de las empresas de su red en Chile.

Al convertir a sus principales empresas en sociedades por acciones, su manejo se convirtió en algo mucho más fácil: podrían concentrar la propiedad en un solo accionista y en el caso de requerir inversionistas externos, no necesitarían modificar los estatutos, sino tan sólo emitir más acciones. También podrían crear filiales, aumentar el capital sin la obligatoriedad del derecho de suscripción preferente y repartir utilidades sujetas a unidades de negocio o giros comerciales determinados. Lo que vendría después sería la trasformación de casi todas sus empresas a SpA junto a una serie de divisiones y fusiones que no sólo reducirían en sólo unos meses el número de firmas que forman parte de la estructura de negocios de Laureate en Chile, sino que además harían desaparecer a las sociedades que durante años actuaron como sostenedoras de las universidades.

Al finalizar 2011, Pvscam SpA y Desarrollo del Conocimiento SpA, las dos empresas que por años fueron las controladoras de la red, ya habían desaparecido, al igual que las dos sociedades que servían de vehículo a las empresas holandesas para operar en el país. En cambio, todo el control que alguna vez ostentaron estaba concentrado en una sola sociedad: Laureate Desarrollos Educacionales SpA. Con la estructura de propiedad del grupo en manos de una sola matriz, quedaba entonces otro paso: armar su estructura inmobiliaria, otro de los flancos abiertos del grupo internacional.

“RIESGO PARA EL PROYECTO EDUCATIVO”

Tras haber rechazado la acreditación de la UDLA, a comienzos de abril la CNA liberó el informe que elaboró en diciembre de 2013 para rebajar de cinco a cuatro años la acreditación de la UNAB. En el documento, los evaluadores critican duramente la estructura de propiedad que la UNAB ha erigido sobre su propia infraestructura, la que “representa algún grado de riesgo para el proyecto educativo”. Señalan que comparte inmuebles y equipamiento con otras instituciones de la red Laureate; que las propiedades son de inmobiliarias que pertenecen a terceros relacionados donde la universidad participa, pero no tiene control; y que el pago de arriendos impacta negativamente en el patrimonio legal de la universidad. El problema, según la CNA, es que con ese modelo se corre el riesgo de que su disponibilidad de uso y de mantención mayor pueda ser condicionada a factores ajenos al interés institucional y que por ello “se hace necesario extremar los mecanismos para transparentar los pagos por uso de recursos de infraestructura y servicios, así como garantizar la plena justificación de su validez”.


Desde la UNAB respondieron –dice el informe– que ese mecanismo de propiedad indirecta de infraestructura es “una forma de establecer un fondo fiduciario que garantice rentas futuras para el financiamiento institucional, porque los arriendos pagados son destinados en parte a financiar ese fondo”.

Lo que dice el informe es precisamente lo que los estudiantes de Derecho de la UNAB alegaban en su movilización. Tras la sesión del lunes 21 de abril con los parlamentarios, el paro fue depuesto, pero las demandas por mejoras en infraestructura comenzaron entonces a llegar desde distintas facultades hasta la rectoría de la universidad. Los alumnos no sólo piden soluciones a la falta de espacios comunes, de mantención a los edificios, de áreas de estudio e incluso de salas y sillas; sino también explicaciones por la investigación por lucro que pesa sobre esa y las otras casas de estudios controladas por Laureate. Consultado por La Tercera, el rector Uribe refutó las acusaciones y señaló que “los excedentes no van al bolsillo de nadie, sino que se reinvierten”.

-¿En qué se invierte? – le preguntó la periodista de La Tercera.
-Lo invertimos en crecimiento. El año pasado construimos la sede de Viña (US$ 80 millones), compramos una propiedad que arrendamos, que es la Casona de Las Condes. Hicimos un edificio en Los Leones, crecimos en Concepción (…) Nosotros tenemos que hacer una planificación, y ¿dónde puede haber lucro, si esta universidad también investiga?

Uribe no dijo nada respecto a los US$ 32 millones que la UNAB transfirió a sociedades en el extranjero sólo entre 2011 y 2012. Tampoco explica que el edificio ubicado en avenida Los Leones 745, en Providencia, no pertenece a la casa de estudios ni a ninguna empresa del Grupo Laureate: está inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago a nombre de Seguros de Vida Security Previsión S.A. desde enero de 2012, cuando lo compró a Inmobiliaria y Constructora Los Leones S.A. en $758,4 millones. Y no dice que no fue la universidad la que compró los inmuebles de la Casona de Las Condes. CIPER revisó los antecedentes de varios de los edificios que el consorcio utiliza en Santiago y descubrió que esa última compra –al igual que muchas otras– se hizo a través de Inmobiliaria Educacional SpA, una empresa clave en su estructura de negocios: aquella que recibe la mayor cantidad de fondos extraídos desde las instituciones educacionales de la red.

EL PODEROSO BRAZO INMOBILIARIO DE LAUREATE

De todas las empresas relacionadas al Grupo Laureate en Chile, la que ha recibido mayores sumas de dinero es Inmobiliaria Educacional SpA, una sociedad que nació en noviembre de 2010 con un capital de $501 millones para desarrollar e invertir en proyectos inmobiliarios con fines educacionales. Si se considera lo que la UNAB, la UDLA y la UVM indican en sus estados financieros de 2011 y 2012, a esa empresa se le transfirió el 48,6% del total de transacciones con empresas relacionadas de la red, casi todo por arriendo de edificios. Hoy, a poco más de tres años de su creación, es el principal brazo inmobiliario del grupo, posee a su nombre inmuebles avaluados en más de $64.064 millones y su fondo social ya supera los $195.880 millones.

Cuando la inmobiliaria surgió como una sociedad anónima a fines de 2010 tras la división de Campvs Mater S.A. –una de las sociedades que controlaban la UDLA y que desde 2000 pertenece en un 60% a Laureate–, ningún edificio estaba a su nombre. Para entonces, sus únicos socios eran Pvscam S.A. y Desarrollo del Conocimiento S.A. Al mes de existencia, el capital de la nueva inmobiliaria se multiplicó casi 180 veces y la empresa se convirtió en una sociedad por acciones. Y sólo semanas después, el 6 de enero de 2011, recibió “como aporte” de su empresa madre cuatro propiedades avaluadas en más de $3.730 millones. Se trataba de la sede de la UDLA ubicada en Manuel Montt 948 y los inmuebles de calle Linares 1350, 1380 y 1408, todos en Providencia y todos parte del patrimonio que Campvs Mater S.A. le asignó a Inmobiliaria Educacional SpA. Fueron los primeros edificios que pasaron a ser propiedad del Grupo Laureate. Los demás debía arrendarlos a terceros: las sociedades de los antiguos controladores.

Si el grupo internacional quería tener control sobre su infraestructura, tenía dos caminos: comprar los inmuebles o las sociedades que los controlaban.

Para noviembre de 2011, once de los edificios que funcionaban como sede para la UDLA, la UNAB o el instituto AIEP aún estaban inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago a nombre de Inmobiliaria San Genaro Tres S.A., una empresa cuya propiedad es algo difusa. Nació el 15 de noviembre de 2011 producto de la división de Inmobiliaria e Inversiones San Genaro S.A. Lo extraño es que esta última sociedad no existía oficialmente al momento en que se dividió: había sido disuelta dos meses antes, luego de que el 100% de sus acciones se concentrara en manos de Inmobiliaria Educacional SpA. Sea como sea, lo cierto es que la vida de Inmobiliaria San Genaro Tres S.A. fue muy corta. El 28 de noviembre de ese mismo año, menos de 15 días después de haber sido creada y haber heredado los 11 edificios, sus directores –Selume, Guerrero y José Pedro Undurraga (hasta comienzos de abril rector de la UDLA)– aprobaron su disolución luego de que la sociedad fuera absorbida por Inmobiliaria Educacional SpA, la que se apropió de sus inmuebles avaluados en más de $24.886 millones.

Al mes siguiente, Inmobiliaria Educacional SpA cambió dos veces de RUT. La primera fue el 1 de diciembre, cuando fue absorbida por Desarrollo del Conocimiento SpA, la que adoptó su nombre después de la fusión. La segunda fue el 15 de diciembre, cuando Laureate Chile SpA adquirió a su vez el 100% de sus acciones, eliminándola, pero manteniendo su razón social. Para entonces, la nueva Inmobiliaria Educacional SpA ya era dueña de gran parte de los inmuebles donde funcionan los establecimientos educacionales del Grupo Laureate.

Las tres universidades del conglomerado señalan en sus estados financieros que al 31 de diciembre de 2012 tenían participación accionaria en la sociedad inmobiliaria. La UNAB poseía el 48,6% de sus acciones, mientras que la UDLA el 23,1% y la UVM el 1%. También participaban el instituto profesional AIEP (4,6%) y la Universidad de Las Américas Ecuador (6,6%). Todos ellos son titulares de acciones de serie A, las que según se indica en los mismos estados financieros, les “otorgan derechos preferentes y de liquidación que le garantizan una rentabilidad mínima de 4,5% sobre el capital aportado en unidades de fomento, con lo que esta inversión se constituye en un fondo patrimonial (endowment fund)”. El 16,2% restante son de clase B y están todas en manos de Laureate. Por lo tanto, todas ellas compartían el dominio de los inmuebles que albergan a las sedes de los establecimientos educacionales del grupo, aunque no de todos.

Al comenzar 2013, ocho edificios que funcionan como sede de algún establecimiento de Laureate aún estaban en manos de IAB Inmobiliaria S.A., la empresa a través de la cual un grupo de antiguos dueños de la UNAB –encabezados por Alejandro Pérez y Luis Cordero- controla hoy la Universidad San Sebastián (USS), también investigada por lucro (ver investigación de CIPER sobre el negocio en la USS: parte I, parte II, parte III y parte IV). Entre ellos se encontraban los más importantes y valiosos: las propiedades ubicadas en Camino La Posada 13.455 y 13.251 y que forman parte del campus Casona de Las Condes de la UNAB. Ambas fueron compradas en 2009 al Banco Estado por la inmobiliaria de Alejandro Pérez, Mauricio Ruiz y Andrés Navarro –los tres integrantes del grupo que vendió la UNAB a Laureate en 2003– con una inversión total de $14.257 millones. Una cifra que parece pequeña si se compara con lo que recibieron una vez que vendieron esos inmuebles.

EL MILLONARIO NEGOCIO DE LOS HOMBRES DE LA USS

Al buscar en los registros del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, el nombre de IAB Inmobiliaria S.A. aparece detrás de 14 inscripciones de propiedades adquiridas entre 2003 y 2013. Salvo un par que fusionó y que hoy arrienda a la Universidad UCINF en Avenida Pedro de Valdivia y otras dos que vendió y que actualmente albergan al Teatro San Ginés, en el barrio Bellavista, todas están vinculadas con las entidades del Grupo Laureate. Están, por ejemplo, la sede del instituto AIEP ubicada en la esquina de Ejército con Alameda o la que está en la intersección de Eliodoro Yáñez con José Manuel Infante. Hoy tan solo la mitad de los inmuebles que alguna vez fueron suyos sigue en su poder. Los demás han sido vendidos en un proceso que culminó en diciembre de 2013 con millonarias ganancias para el grupo de controladores de la USS y donde el huevo de oro fueron las propiedades del campus de la UNAB en Las Condes.



Campus Casona de las Condes - UNAB

El éxito del negocio de Pérez y Navarro puede resumirse en sólo dos cifras: inversión para comprar v/s precio de venta. Para adquirir los 14 inmuebles, IAB Inmobiliaria S.A. debió invertir poco más de $19.556 millones en diez años. Luego de comenzar a vender en 2008, se desprendió de siete, registrando ingresos por sobre los $36.625 millones. Lo llamativo es que el 96,8% de ese monto se constituyó con lo que la inmobiliaria del Grupo Laureate pagó por los inmuebles de la Casona de Las Condes.

Durante 2013, IAB Inmobiliaria S.A. también sufrió modificaciones. En julio de ese año se dividió en dos, dando origen a IAB Dos SpA, una sociedad que partió con un capital pequeño, de poco más de un millón de pesos, pero con un patrimonio millonario: se le asignaron los dos inmuebles de Camino La Posada. Tres meses después, la nueva propietaria se extinguió cuando fue absorbida por Pretium SpA, una empresa creada poco antes por Ruiz, Pérez y la sociedad Las Tacas Corp S.A. Los inmuebles, avaluados entonces en más de $27.006 millones, quedaron en su poder. Luego, el 6 de diciembre de 2013, Pretium SpA e Inmobiliaria Educacional SpA firmaron la escritura para traspasar las propiedades al Grupo Laureate a cambio de $35.467 millones. De esa forma los hombres de la USS se desprendieron de los vínculos con las universidades de la red internacional, aunque le siguen arrendando infraestructura a su instituto profesional (AIEP).

IAB Inmobiliaria S.A. sigue siendo dueña de las dos sedes del instituto AIEP mencionadas anteriormente. Otra de sus sedes, ubicada en calle Ejército entre los números 71 y 77, fue vendida a Inversiones El Ceibo S.A. –una sociedad de Alejandro Pérez– en octubre de 2013 en $729 millones.

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